La representante de la Defensoría del Pueblo, Cecilia Bolívar, alertó sobre el deterioro persistente en los centros penitenciarios del país, tras una serie de visitas realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. “Más que empeorar, hay una situación que no mejora”, afirmó con preocupación.
Bolívar señaló que los problemas estructurales en las cárceles bolivianas van más allá del hacinamiento. “La violencia intracarcelaria es una realidad que escapa muchas veces al control de la Policía Boliviana”, explicó, subrayando que no basta con asignar más efectivos, sino que se requiere personal capacitado específicamente para la administración penitenciaria.
Según datos compartidos por la Defensoría, alrededor de 110 policías están actualmente destinados a custodiar detenciones domiciliarias. “Muchos de ellos podrían reforzar la seguridad en centros como Morros Blancos, si se aprobara la ley de manillas electrónicas que está en la Asamblea Legislativa”, sostuvo Bolívar. Esta medida permitiría liberar recursos humanos para fortalecer tanto la seguridad ciudadana como el régimen penitenciario.
Consultada sobre la situación en recintos como El Palmar, Entre Ríos, Bermejo y Villamontes, Bolívar fue contundente: “Las condiciones son denigrantes. No hay infraestructura adecuada y la retardación de justicia agrava aún más los problemas”. La representante enfatizó que la prevención no es tarea exclusiva de la Policía, sino una corresponsabilidad del Estado y la sociedad.