Con el firme objetivo de proteger la salud pública, el bienestar animal y la seguridad ciudadana, los diputados tarijeños Gabriel Corvera Sittyc y Karina Liebers Cáceres presentaron ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley que busca declarar a Bolivia territorio libre de pirotecnia sonora de alto impacto.
La propuesta legislativa plantea una reforma estructural a la Ley N° 400 de Control de Armas y Explosivos, eliminando las brechas legales que permitían el uso indiscriminado de pirotecnia bajo el criterio de «usos y costumbres».
Ciencia y empatía: Los límites del ruidoA diferencia de intentos previos, este proyecto establece parámetros técnicos claros. Se define como Pirotecnia de Alto Impacto Sonoro a todo artefacto que supere los 80 decibeles, como petardos, matasuegras y baterías de estruendo, prohibiendo su uso en festividades, eventos deportivos y movilizaciones sociales.
«No estamos prohibiendo la fiesta, estamos prohibiendo el sufrimiento. La ciencia demuestra que el estruendo súbito vulnera la integridad de personas con autismo (TEA), adultos mayores, personas con problemas cardiacos, personas con discapacidad e incluso animales.
Queremos transitar hacia una pirotecnia lumínica e insonora» — explicó el diputado Gabriel Corvera.Puntos clave del Anteproyecto de Ley
1. Queda prohibida cualquier actividad pirotécnica en un radio de 500 metros alrededor de hospitales, centros de educación especial, asilos y refugios de animales.
2. Se prohíbe el uso de explosivos en marchas y bloqueos. El incumplimiento será sancionado bajo el Código Penal por «Atentado contra la seguridad».
3. Solo se permitirá la «pirotecnia fría» o visual en eventos públicos previa autorización municipal y con personal certificado.
4. Los municipios tendrán la competencia de ejecutar decomisos, multas progresivas y clausuras definitivas a comercios que expendan material prohibido.Un respiro para la Madre TierraLa normativa también responde a la crisis ambiental.
Según el proyecto, la combustión de estos artefactos dispara los niveles de material particulado (PM10) a niveles «extremadamente malos», liberando metales pesados que afectan la salud respiratoria de la población.
“Es un imperativo ético. Tarija ya dio el primer paso con iniciativas locales, pero Bolivia necesita una ley nacional que estandarice la protección de los más vulnerables”, concluyó la diputada Karina Liebers