El diputado Rodrigo Fuenzalida denunció que la Ley 767 ha confiscado el 12% de los recursos de Tarija y sus instituciones, destinados a exploración y explotación hidrocarburífera, pero que hasta hoy no han generado nuevos campos ni investigaciones.
Tres ministerios dieron respuestas distintas según Fuenzalida
El Ministerio de Economía y Finanzas afirma que la devolución debe estar bajo su responsabilidad.
Otro informe del mismo ministerio señala que corresponde al Ministerio de Hidrocarburos.
El Ministerio de Hidrocarburos sostiene que aún falta una evaluación específica sobre la devolución, sin abrogar la Ley 767.
Durante la pandemia se devolvió una parte, pero Fuenzalida subrayó que ese no es el fondo del asunto:
“Lo importante es que Tarija, junto con su gobernación, municipios y universidad, han sido confiscados. Estos recursos deberían invertirse en la población.”
El monto retenido oscila entre 70 y 80 millones de bolivianos, descontando lo devuelto en la gestión del COVID.
El diputado advirtió que la falta de nuevas investigaciones anticipa una crisis energética. Por ello, planteó la posibilidad de modificar la normativa:
“Si tenemos que hacer cambios a la ley, lo vamos a realizar. La necesidad del departamento es la devolución de ese 12%.”
Fuenzalida cuestionó que los recursos confiscados durante los gobiernos del MAS se hayan destinado principalmente a la compra de combustibles.
Pidió al gobierno central un compromiso para evaluar cuánto se debe al departamento y programar la devolución, además de detener la confiscación de recursos que pertenecen a las instituciones tarijeñas.
El legislador aseguró que continuará el seguimiento y que, en caso de rechazo, volverán a presentar un nuevo proyecto de ley:
“Estos son recursos del departamento y deben ser invertidos en beneficio de cada habitante.”