El Vocero del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Carlos Baldivieso, informó sobre la difícil situación económica que atraviesa el departamento y la urgencia de adecuar la normativa vigente para garantizar la continuidad de los programas sociales y administrativos.
Durante su intervención, Baldivieso señaló que los recursos destinados a la Gobernación han disminuido considerablemente y que, según las proyecciones, la reducción alcanzará más de 100 millones de bolivianos. Ante este panorama, reiteró la necesidad de revisar y modificar ciertas normativas que obligan a realizar inversiones que, en algunos casos, no corresponden a competencias del gobierno departamental.
El vocero también mencionó la situación en la Región Autónoma del Chaco, que recientemente anunció un cierre técnico debido a restricciones presupuestarias. Asimismo, hizo referencia a la crisis financiera que afecta a otras instituciones del país, como YPFB y el Órgano Judicial.
En este contexto, el Gobierno Departamental solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental considerar la aprobación de una Ley de Emergencia Financiera. Según Baldivieso, esta normativa permitiría reorganizar los recursos y priorizar programas esenciales como el Prosol y las canastas destinadas a distintos sectores de la población.
De no aprobarse dicha ley, advirtió que la Gobernación podría verse obligada a tomar medidas drásticas a partir de mayo, lo que incluiría la suspensión de programas sociales. Finalmente, reiteró el llamado a la Asamblea para debatir y viabilizar esta propuesta con urgencia, en función de la coyuntura económica del departamento y el país.