La decisión del Gobierno de Salta, que es apoyada por la administración de Javier Milei, de colocar un alambrado en la frontera con Bolivia sigue generando polémica. Ayer, Zigarán salió contra el gobierno de Arce por cuestionar la iniciativa argentina. “Nos llenan de toneladas de cocaína todos los días y no hacen nada”, aseguró el funcionario.
“Desde el 9 de diciembre (de 2024), Bolivia brilló por su ausencia. Flashearon a Donald Trump”, comenzó diciendo Zigarán en una entrevista a la radio argentina Futurock en relación al muro que el presidente de Estados Unidos construyó en la frontera con México en 2017, durante su primer mandato. La decisión del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, está avalada por la gestión de Milei como parte del denominado “Plan Güemes”, que impulsa el Ministerio de Seguridad del vecino país.
Aguas Blancas es una pequeña localidad argentina que está al frente del municipio de Bermejo, en Tarija. En ese poblado la totalidad de las personas se dedican al comercio informal que llega desde Bolivia. Ahí viven muchos de los llamados bagayeros, que son los que pasan la mercadería ilegal de un lado a otro de la frontera entre ambos países.
El interventor de Aguas Blancas justificó ayer la instalación de un alambrado olímpico a lo largo de los 200 metros que existen entre la terminal de colectivos y la oficina de Migraciones local, frente al río Bermejo. “Hace un mes Bolivia, por una cuestión de que se le disparaban precios internos (porque los argentinos iban a comprar en esa zona) militarizaron dos días la frontera”. Y agregó: “Lo que ellos hagan de su lado no interfiere con lo que nosotros hagamos en el nuestro”.
Esta obra se realizará en el marco del Plan Güemes. Responde a un acuerdo entre el Gobierno nacional y provincial para proteger las vías legales de ingreso desde Bolivia. Según Zigarán, el tránsito irregular en esa frontera derivó en un mercado informal donde hay personas que para evitar los controles migratorios pagan 500 pesos argentinos por persona y cruzan por pasos clandestinos. Con el alambrado se busca evitar esto. “Por esas casas cobran 500 (pesos argentinos) de ida y 500 de vuelta, y ahí es donde se arma el lío, porque además de pasar de forma ilegal denuncian a los gendarmes y prefectos”, relató el funcionario.ELDEBER