La disputa por la redistribución del 45% de las regalías hidrocarburíferas ha encendido una nueva confrontación en el departamento de Tarija. Asambleístas de las provincias Arce y O’Connor han impulsado movilizaciones que, según denuncias del representante chaqueño Álbaro Ojeda, han derivado en agresiones contra ciudadanos del Gran Chaco que defienden el actual esquema de distribución.
Ojeda, asambleísta departamental por el Gran Chaco, denunció que personas movilizadas desde Arce y O’Connor habrían agredido a chaqueños que se manifestaban en defensa del 45% que recibe su región. “Están confrontando al departamento y generando violencia innecesaria”, afirmó, señalando que los promotores de estas acciones buscan protagonismo político con miras a las elecciones subnacionales.
El conflicto gira en torno a un proyecto de ley que pretende redistribuir las regalías del gas natural entre todas las provincias productoras. Sin embargo, Ojeda recordó que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) no tiene competencia para legislar sobre esta materia. “Hay dos informes del Servicio Estatal de Autonomías que reiteran que la ALDT no puede tratar leyes de alcance nacional”, subrayó.
Desde Arce y O’Connor, los asambleístas argumentan que el Gran Chaco se beneficia incluso de lo que no produce. Por ello, exigen que las regalías se distribuyan proporcionalmente entre los municipios productores. Esta postura ha generado una huelga de hambre en la sede de la ALDT, protagonizada por legisladores de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos.
Ojeda acusa a sus colegas de “vender humo” y utilizar el tema como plataforma electoral. “No buscan soluciones reales, solo quieren figurar”, declaró. La tensión se ha trasladado al plano institucional, con la presidenta en ejercicio de la Asamblea, Dorita Miranda, enviando el proyecto de ley a comisiones, lo que ha sido interpretado como una maniobra para calmar los ánimos.
Más allá de la disputa por recursos, el enfrentamiento revela profundas fracturas políticas y territoriales en Tarija. Mientras el Gran Chaco defiende su autonomía y beneficios históricos, otras provincias reclaman equidad y representación. La falta de competencia legal de la ALDT para resolver el conflicto añade complejidad a un debate que, lejos de resolverse, parece escalar.