El Gobierno de Bolivia anunció el levantamiento del requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, en el marco de una nueva política migratoria que, según se informó, será aplicada de manera progresiva.
La decisión representa un giro relevante en la política exterior y de control migratorio del país, al facilitar el ingreso de nacionales de Estados con perfiles políticos, económicos y estratégicos profundamente distintos. Mientras algunas de estas naciones mantienen relaciones diplomáticas fluctuantes con Bolivia, otras tienen vínculos limitados o históricamente distantes.
Más allá del impacto inmediato en el turismo, el comercio y la cooperación internacional, la medida plantea cuestionamientos de fondo: ¿responde esta apertura a una estrategia económica claramente definida?, ¿se han evaluado de manera técnica los riesgos en materia de seguridad, migración irregular y control fronterizo?, ¿existe un análisis diferenciado por país o se trata de una decisión de carácter principalmente político?
La flexibilización de visados puede convertirse en una oportunidad para dinamizar flujos turísticos y relaciones internacionales, pero también exige una institucionalidad migratoria sólida, capaz de garantizar controles efectivos. Sin una planificación integral, la apertura corre el riesgo de transformarse en vulnerabilidad.