Un memorándum de la policía boliviana dispone el «cierre total y ordenado de las Divisiones de Comisaría de Tránsito a nivel nacional» y marca el fin de oficinas que durante años fueron denunciadas por prácticas irregulares y constantes actos de extorsión contra la población.
De acuerdo con diversas denuncias, los agentes amenazaban con remitir a las personas al Ministerio Público incluso por infracciones menores, utilizando el temor como herramienta de presión para obtener pagos indebidos. Entre las advertencias más frecuentes estaban la suspensión de la licencia de conducir o el secuestro del vehículo, medidas que rara vez se ajustaban a los procedimientos establecidos por ley.
Otra de las prácticas cuestionadas era el cobro de servicios inexistentes. Conductores reportaron que se les exigía pagar por el uso de grúas que nunca llegaron a utilizarse o por supuestos traslados que jamás ocurrieron. A esto se sumaba el cobro obligatorio de parqueo en garajes particulares, con tarifas de hasta 100 bolivianos por día, aun cuando el vehículo permanecía retenido sin justificación clara.
Con el cierre definitivo de estas comisarías, las autoridades buscan poner fin a un sistema que afectó por años a la ciudadanía y avanzar hacia un modelo de control vehicular más transparente, moderno y libre de corrupción. La población espera que esta decisión marque un punto de inflexión y que las nuevas medidas garanticen un servicio público realmente orientado a proteger a los usuarios y no a perjudicarlos.URGENTE.BO