La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha logrado congelar las cuentas bancarias de Telecel S.A. (Tigo) en Bolivia, en una medida cautelar sin precedentes que involucra más de 17,8 millones de dólares.
El conflicto estalló tras la denuncia de la FBF por la retransmisión no autorizada de 565 partidos entre enero y marzo de 2025, luego de que el contrato entre ambas partes expirara el 31 de diciembre de 2024.Según la FBF, Tigo continuó transmitiendo partidos de la División Profesional y la Copa Simón Bolívar sin contar con los derechos vigentes.
La federación, presidida por Fernando Costa, interpuso un amparo constitucional ante la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz, que ordenó el congelamiento de cuentas, fondos y activos financieros de la empresa.
La medida fue ejecutada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), generando un fuerte impacto en el entorno empresarial y jurídico del país.
El contrato original entre Tigo y la FBF estipulaba que cualquier controversia debía resolverse mediante arbitraje, no por vía constitucional.
Por ello, la telefónica considera que la Sala Constitucional usurpó competencias, vulnerando el debido proceso y generando un grave precedente jurídico.
Tigo presentó un memorial solicitando que la retención se limite a una sola cuenta con fondos suficientes, para evitar la paralización total de sus operaciones. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) criticó duramente la decisión judicial, advirtiendo que podría afectar el acceso de miles de ciudadanos a servicios esenciales como telefonía e internet.
Además, alertaron sobre el impacto negativo en la imagen del país y la confianza de los inversionistas.
Por su parte, los 16 clubes de la División Profesional respaldaron la acción de la FBF, celebrando el fallo como un hito en la defensa de los derechos de transmisión.
Incluso han amenazado con paralizar el fútbol boliviano si la justicia favorece a Tigo en futuras audiencias.