En una entrevista reciente, la directora de Régimen Penitenciario de Tarija, Gabriela Tintaya, expuso una serie de propuestas y preocupaciones sobre el sistema carcelario y judicial del departamento. Entre sus principales iniciativas, destacó la necesidad urgente de implementar manillas electrónicas para privados de libertad con detención domiciliaria, como medida para optimizar el uso de efectivos policiales.
“Lo que estamos haciendo ahora es solicitar más cámaras y más efectivos policiales. Pero también pedimos a las autoridades nacionales que se apruebe el proyecto de las manillas electrónicas”, señaló Tintaya. “Si el privado de libertad tiene la manilla, el policía que hoy lo custodia en su domicilio podría volver a cumplir funciones dentro de los centros penitenciarios”.
La directora subrayó que esta medida permitiría una mejor redistribución del personal policial, que actualmente rota a nivel departamental para cubrir custodias individuales, lo que limita su capacidad operativa en los recintos carcelarios.
En cuanto a los avances en el Penal de Morros Blancos, Tintaya mencionó la implementación de talleres de rehabilitación y la elaboración de votos resolutivos por parte de los internos, con el objetivo de involucrar a las autoridades en la mejora de sus condiciones.
No obstante, la directora también expresó su preocupación por el elevado número de detenidos preventivos en Tarija: “Tenemos 532 preventivos. Eso significa que aún no se ha determinado si son culpables o inocentes. Hasta que no salga su sentencia, esa persona puede ser inocente”, explicó.
Tintaya denunció además irregularidades en la aplicación de la Ley 348, que protege a las mujeres contra la violencia. Según sus declaraciones, se han detectado más de 110 casos de denuncias falsas en el departamento, lo que ha motivado reuniones con autoridades judiciales para revisar procedimientos.
“Muchos me preguntan cómo, siendo mujer, puedo cuestionar la Ley 348. Yo no estoy en contra de la ley, sino de las denuncias falsas. Desde adentro se ve otra realidad. Hay víctimas que visitan a los acusados en la cárcel y les piden dinero para retirar la denuncia”, afirmó.
La directora compartió casos concretos que evidencian desigualdades en el acceso a la justicia, donde el poder adquisitivo de los acusados influye en el resultado de los procesos. “Misma víctima, mismo modus operandi. Uno con dinero salió libre, el otro sin recursos recibió diez años de cárcel”, lamentó.
Gabriela Tintaya concluyó haciendo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con objetividad y responsabilidad, asegurando que su gestión continuará enfocada en la mejora de las condiciones penitenciarias y en la defensa de los derechos de los privados de libertad.