En medio de una creciente crisis de abastecimiento de carburantes en Bolivia, el economista Fernando Romero ofreció un análisis crítico sobre la reciente ley que permite la importación privada de combustibles. En sus declaraciones, Romero calificó la norma como una medida “coyuntural” y “paliativa”, que si bien puede aliviar temporalmente la escasez, no representa una solución estructural al problema energético del país.
“Es una ley corta que es un paño frío a un enfermo que tiene cáncer”, afirmó Romero, destacando que la iniciativa busca mitigar los síntomas de una crisis profunda sin atacar sus causas de fondo.
Uno de los aspectos positivos que Romero resalta es la posibilidad de que algunas empresas puedan importar carburantes sin depender del monopolio de la estatal petrolera. Además, los importadores estarán exentos del pago del IVA, IT y otros tributos, lo que podría incentivar la participación del sector privado en un mercado históricamente cerrado.
“Esto va a permitir que la población tenga dos opciones temporalmente: comprar carburantes subvencionados o los importados directamente por el sector privado”, explicó.
Sin embargo, Romero advierte sobre los riesgos que esta apertura podría generar. La creación de mercados paralelos con precios diferenciados entre regiones como Santa Cruz y Tarija, sumado a la limitada capacidad logística y financiera de los posibles importadores, podría ejercer presión sobre el tipo de cambio y aumentar la inflación.
“Se necesita dólares, y es ahí donde puede ejercer una presión cambiante diaria… si los costos de producción aumentan, también lo harán los precios”, señaló.
Consultado sobre si esta ley garantiza el abastecimiento interno, Romero fue enfático: “No, para nada”. Explicó que el sector privado solo podrá intervenir si el gobierno, a través de YPFB, declara que no puede cubrir el 100% de la demanda. En ese caso, el privado cubriría el remanente, que según Romero, difícilmente superaría el 5%.
Finalmente, el economista destacó que el principal beneficiado será el sector agroindustrial de Santa Cruz, que podría acceder a carburantes importados para mantener su producción. No obstante, insistió en que el verdadero desafío será definir una política hidrocarburífera clara para los próximos cinco años.
“Hay que tratar de verlo positivo, ver cómo va avanzando y monitoreando esta ley”, concluyó.