El Gobierno confirmó la instalación de mesas de negociación con el sector del transporte y cuestionó los aumentos inmediatos de pasajes urbanos e interdepartamentales, al señalar que el decreto incluye medidas de alivio para el rubro, como la rebaja o eliminación de aranceles a llantas, repuestos, baterías y lubricantes.
El levantamiento de la subvención a los combustibles, dispuesto mediante el Decreto Supremo 5503, abrió un nuevo frente de tensión social en el país. Mientras sectores del transporte pesado y urbano activaron protestas y anunciaron incrementos en las tarifas, el Gobierno salió a defender la medida asegurando que era insostenible mantener un subsidio que costaba al Estado $us 3.500 millones al año, equivalente al 6,4% del PIB, y que —según sus estimaciones— alimentaba redes de corrupción y contrabando hacia países vecinos
En una extensa conferencia de prensa, los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, admitieron que el ajuste genera un “momento de incomodidad” para las familias, pero sostuvieron que el impacto en la vida cotidiana será menor al que se vivía con el desabastecimiento. Recordaron que, hasta hace pocas semanas, transportistas y ciudadanos pasaban entre 12 y 18 horas en filas para cargar diésel o gasolina, con un efecto directo en los precios de alimentos y servicios
Uno de los ejes centrales del discurso oficial fue el llamado al diálogo con el sector del transporte, que declaró estado de emergencia y dio ultimátums al Ejecutivo.
El Gobierno confirmó la instalación de mesas de negociación y cuestionó los aumentos inmediatos de pasajes urbanos e interdepartamentales, al señalar que el decreto incluye medidas de alivio para el rubro, como la rebaja o eliminación de aranceles a llantas, repuestos, baterías y lubricantes. Según Espinoza, con menores costos operativos y un abastecimiento regular de combustibles, “no existe justificación técnica” para traspasar todo el incremento al usuario final.ELDEBER