El jefe de despacho de la Alcaldía de Tarija, Fernando Martínez, informó sobre una reunión sostenida entre el alcalde Johnny Torres y representantes de la Federación del Transporte Libre, encabezados por su secretario ejecutivo, Luis Caso. El encuentro tuvo como objetivo abordar las observaciones del sector al proyecto de educación vial impulsado por el gobierno municipal.
Martínez explicó que, en el marco de la política de “Puertas Abiertas y Consenso”, se ha convocado formalmente a una audiencia con el sector para este viernes a las 16:00 en el Salón de los Espejos. “Estamos siguiendo el mismo procedimiento que hemos aplicado con otras organizaciones, como el transporte federado, con quienes ya se han pactado acuerdos en mesas de consenso”, señaló.
El proyecto de educación vial, conocido como “fotomultas”, busca preservar la vida, ordenar la ciudad y fomentar el cumplimiento de las normas. “El que respeta el semáforo, el paso de cebra y las reglas no tiene por qué pagar. Se trata de construir una ciudad donde el respeto a la ley sea la base de la convivencia”, afirmó Martínez.
Respecto a la posible rescisión del contrato con la empresa encargada del sistema de fotomultas, el jefe de despacho aclaró que se trata de un proceso técnico-administrativo independiente del diálogo social. “El área jurídica está siguiendo el procedimiento correspondiente. Lo que estamos haciendo ahora es abrir espacios de diálogo para discutir y, si es necesario, modificar la política”, indicó.
Martínez lamentó que, pese a la apertura al diálogo, algunos sectores opten por la movilización. “Los tarijeños resolvemos nuestros problemas estructurales sentándonos a la mesa, no bloqueando calles. Cuando hay una movilización, debe ser por una reivindicación justa y después de agotar los pasos”, expresó.
Finalmente, destacó que el gobierno municipal, liderado por el alcalde Torres, ha logrado avances importantes mediante el consenso, como la construcción de la segunda circunvalación, el nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos (CTR) y la atención al problema estructural del agua. “Esta es la voluntad del gobierno: diálogo, no presión”, concluyó.