En el marco del proceso electoral boliviano, expertos advierten que las candidaturas de último momento enfrentan serios riesgos legales si no cumplen con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).
El Artículo 238 de la CPE fija condiciones obligatorias para acceder a cargos públicos electivos. Entre ellas, se exige acreditar requisitos específicos ante el órgano electoral. Si la documentación presentada no demuestra el cumplimiento de estas disposiciones, la candidatura queda automáticamente inhabilitada.
La normativa es clara: “si no cumple el Artículo 238, la candidatura se cae”. En consecuencia, habilitar postulaciones improvisadas en la recta final del proceso puede derivar en su exclusión inmediata de la contienda.
El Tribunal Electoral es la instancia encargada de verificar que cada aspirante cumpla con los requisitos constitucionales. De no hacerlo, la candidatura no puede seguir en carrera, lo que representa una advertencia para partidos y agrupaciones que buscan incorporar postulantes a última hora.
Este escenario subraya la importancia de la planificación y el cumplimiento estricto de la normativa electoral, evitando improvisaciones que puedan dejar fuera de competencia a quienes aspiran a representar a la ciudadanía.