La abogada Gina Castellanos, representante legal del exgobernador de Tarija, Mario Adel Cossío Cortés, rechazó las versiones que señalan la existencia de sentencias condenatorias ejecutoriadas contra su defendido. Según afirmó, “no existe ninguna sentencia ejecutoriada” y las acusaciones responden a una persecución política.
Castellanos recordó que Cossío enfrentó cuatro juicios en rebeldía mientras estaba refugiado en Paraguay. El primero de ellos, conocido como caso Involsur, concluyó con una sentencia absolutoria. En el caso Tojo-La Verdiguera, la condena fue anulada mediante auto de vista y confirmada por auto supremo, quedando el proceso prescrito. Respecto al caso de la Piscina Olímpica, existe una resolución de sobreseimiento ejecutoriada que exime de responsabilidad a los funcionarios involucrados. La condena por la póliza de garantía, dictada en rebeldía, también fue anulada. Finalmente, en el proceso por enriquecimiento ilícito, aunque se absolvió a la familia de Cossío, él fue condenado en rebeldía; sin embargo, esa sentencia igualmente fue anulada por instancias superiores.
La abogada subrayó que la Sentencia Constitucional 01/2024 declaró ilegal el juzgamiento en rebeldía en Bolivia, lo que invalida todas esas condenas.
Castellanos defendió la actuación de la Contraloría General del Estado, que otorgó a Cossío solvencia fiscal y certificación de antecedentes penales sin registros de condenas ejecutoriadas. “La Contraloría no ha incurrido en irregularidades. Las instituciones no pueden informar sobre fallos que no existen”, aseguró.
La jurista calificó las versiones difundidas como “información sesgada e interesada” que busca desprestigiar a su defendido. “Están humillando injustamente su dignidad”, dijo, y agregó que será decisión de Cossío si inicia acciones legales contra quienes lo acusan.