El vocero del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, César Ramos, explicó públicamente el alcance de las responsabilidades institucionales frente al conflicto que atraviesa la Casa de la Cultura.
Ramos confirmó que el gobierno departamental ya transfirió los 200 mil bolivianos presupuestados para esta gestión. Ese monto está destinado al funcionamiento de la Casa de la Cultura.
“Si ellos deciden usarlo para sueldos, están en su derecho. Pero es el director quien debe responder por toda la administración”, señaló.
El vocero aclaró que el personal de la Casa de la Cultura no es contratado por el gobierno departamental. Esta posición fue respaldada por el Ministerio de Trabajo en una audiencia realizada en julio.
“No son empleados nuestros. Eso debe quedar claro como punto de partida”, enfatizó.
Ramos destacó que el gobierno departamental sí se ha hecho cargo del Teatro de la Casa de la Cultura durante toda la gestión. Se realizaron mejoras y se cubrieron los sueldos del personal vinculado al teatro.
Ante la huelga de hambre que persiste, el vocero planteó que la solución debe ser tripartita: involucra al gobierno departamental, a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y al gobierno municipal de Cercado.
“No estamos en contra ni de los trabajadores ni de la Casa de la Cultura. Mucho menos de la cultura en general”, concluyó.