Privados de libertad de lso diversos penales del país emitieron una declaración de emergencia y exigieron al Órgano Judicial una revisión general e inmediata de las detenciones preventivas en todo el país. Los internos denuncian discriminación y trato privilegiado a ciertos presos por razones políticas y mediáticas.
La protesta surge luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romel Saucedo, emitiera el Instructivo Nº 18/2025, que ordena revisar con carácter urgente las medidas cautelares de tres figuras políticas: la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari.
Según los delegados del penal de Palmasola, más del 63 % de los reclusos en Bolivia están en detención preventiva sin sentencia, muchos con plazos procesales vencidos y en espera de juicio desde hace años.
“No puede haber privados de libertad de primera y segunda clase”, señala el pronunciamiento, que fue dirigido al director nacional de Régimen Penitenciario, Mauricio Romero Catacora, y a la Defensoría del Pueblo.
El pronunciamiento a nivel nacional se presentó en el penal de Villa Busch, en Pando. En el documento se denuncia la retardación de justicia que llega, en algunos casos, hasta a 10 años de demora. Consideran que la determinación del TSJ supone un acto «selectivo y discriminatorio» que dispone «ventajas selectivas a tres personas».
En el documento dado a conocer a la prensa advierten con asumir «nuevas medidas de presión» en caso de que no se extienda el mismo trato de urgencia para todos los privados de libertad.
Los internos también pidieron la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y anunciaron un voto resolutivo para que privados de libertad de otras cárceles del país se sumen a la demanda.