Franklin Arancibia, representante de la Junta de Padres de Familia, expresó su preocupación por la seguridad en las unidades educativas del departamento de Tarija, tras una reunión interinstitucional sostenida el pasado viernes. En el encuentro participaron representantes de diversas organizaciones e instituciones, abordando temas de seguridad ciudadana tanto a nivel municipal como departamental.
Arancibia informó que se solicitó a la Policía Boliviana reforzar su presencia en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes. “Pedimos al comandante que haya presencia policial constante. Aunque hay limitaciones de personal, la mayoría de las unidades educativas ya cuentan con vigilancia externa”, señaló.
Uno de los puntos centrales fue la propuesta de reactivar el programa «Mochila Segura», suspendido en 2020 por una sentencia constitucional que lo consideró una vulneración de derechos. Arancibia cuestionó esta decisión y aseguró que esta vez se garantizará el consentimiento informado de los padres. “Cada papá y mamá firmarán el consentimiento para que se revise la mochila de su hijo o hija”, afirmó.
El representante también planteó la participación de actores como la Defensoría de la Niñez, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de Derechos Humanos, con el objetivo de mejorar el protocolo de acción y evitar cualquier vulneración de derechos.
Arancibia criticó duramente a las instituciones que se oponen al retorno del programa, acusándolas de proteger más los derechos de quienes delinquen que los de la comunidad educativa. “¿Qué derecho se vulnera al revisar una mochila escolar? ¿El derecho a sacar un cuaderno o un lápiz?”, cuestionó. “Estamos precautelando la integridad física de nuestros hijos, no vulnerando derechos”, agregó.
Finalmente, advirtió que si no se atienden sus demandas, los padres de familia tomarán medidas de acción. “Ya basta de autoridades que se oponen. Un protocolo de prevención debe ir acompañado de un mecanismo de acción, y eso es lo que falta”, concluyó.