En una decisión que reconfigura el curso judicial del caso Senkata, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto resolvió este lunes anular el juicio penal ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez y determinó que corresponde un juicio de responsabilidades, en virtud de su calidad de exmandataria.
La resolución fue emitida tras aceptar el recurso de excepción de competencia presentado por la defensa de Áñez, que argumentó que los hechos investigados ocurrieron durante su ejercicio presidencial y, por tanto, deben ser tratados bajo el procedimiento especial establecido en la Ley 044.
“Simplemente quiero decir que la historia recordará que este día se recordará la legalidad. Volvió la independencia judicial y se dio paso a una Bolivia más justa. ¡Que viva Bolivia!”, expresó Áñez tras conocer el fallo a su favor.
El tribunal se declaró incompetente para continuar el proceso ordinario y ordenó remitir todos los obrados a la Fiscalía General del Estado, dejando sin efecto las actuaciones judiciales previas. La anulación alcanza hasta las primeras fojas del expediente y devuelve los documentos al juzgado cautelar de origen.
Durante la audiencia, que se desarrolló de forma virtual desde el penal de Miraflores, el juez David Kasa decretó un receso a las 15:40 para deliberar antes de emitir la resolución final.
El caso investiga los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019, cuando al menos 10 personas murieron durante un operativo militar y policial en la zona de Senkata, El Alto.
La intervención fue autorizada mediante el Decreto Supremo 4078, firmado por Áñez, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas bajo ciertas condiciones.
Áñez ha negado reiteradamente su responsabilidad en las muertes, calificando el proceso como una “persecución política” y señalando que los operativos se realizaron horas después de los enfrentamientos iniciales.
Mientras la defensa celebró la decisión como un triunfo de la legalidad, representantes de las víctimas de Senkata denunciaron un “cálculo político” detrás del fallo y advirtieron que recurrirán a instancias internacionales para evitar lo que consideran un acto de impunidad.
La Fiscalía y el Gobierno han sostenido que Áñez no fue presidenta constitucional, por lo que no le correspondería juicio de privilegio. Sin embargo, el tribunal aclaró que su decisión no implica impunidad, sino un cambio en la vía procesal.