El eje central del país recibirá importantes volúmenes de diésel y gasolina, según el compromiso del ministro de Hidrocarburos. Los transportistas protestan por el perjuicio económico.
Se dispuso un operativo especial de seguridad en torno al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Electoral Departamental, instituciones que permanecerán bajo resguardo mientras persistan las amenazas de movilización.
Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, advirtió que una “explosión de protesta” del movimiento popular podría terminar llevándose por delante al gobierno de Luis Arce y a los magistrados “autoprorrogados” del TCP.
El proyecto de ley busca que eventualmente resoluciones o sentencias de la justicia ordinaria o constitucional no afecten el normal desarrollo de las actividades del calendario electoral.
A seis meses de concluir su gestión, Arce anunció que continuará promulgando normas, decretos y políticas orientadas a proteger el poder adquisitivo de la población y garantizar el abastecimiento de productos básicos.