La concejal Raquel Ramos de Tarija denunció enérgicamente la ilegalidad de las fotomultas implementadas por el Gobierno Municipal, exigiendo la anulación del contrato con la empresa a cargo.
Ramos argumenta que la medida carece de una normativa aprobada por el Concejo Municipal, lo que vulnera los derechos de la población. Subraya que, aunque el Gobierno Municipal tiene competencias en tránsito, debe coordinar con la Policía Nacional para establecer sanciones y, además, el contrato no fue remitido al Concejo para su revisión, contraviniendo la Ley de Convenios y Contratos.
Ramos solicitó la documentación del contrato, pero este aún no ha sido enviado al Concejo, lo que genera sospechas sobre la transparencia del Gobierno Municipal. La concejal ha desestimado el argumento de que las fotomultas son un «servicio», aclarando que son una competencia concurrente con el nivel nacional y no satisfacen una necesidad pública como otros servicios municipales.
Enfatiza que, según la Constitución, toda sanción debe estar respaldada por una norma clara y aprobada.A pesar de su oposición a la implementación actual, Ramos no descarta la posibilidad de fotomultas futuras, siempre y cuando se realicen de manera correcta. Propone que el Gobierno Municipal presente un proyecto de ley consensuado con la Policía Nacional y basado en estudios de accidentalidad.
Además, criticó el elevado monto de las multas impuestas, sugiriendo que deben ser razonables y expresadas en bolivianos, no en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs).