El Ministerio Público presentó una acusación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en contra del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y otras cinco personas implicadas en la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo, Cochabamba, en noviembre de 2019, lo que derivó en un grave daño económico al Estado.
La Fiscalía acusa también el expresidente de YPFB, Herlan Soliz; exvicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Jorge Blancourt; el exgerente de Industrialización de YPFB, Óscar Boutier; exdirector de la PAU, Carlos Vilar y el excoordinador de la PAU, Ivert Oliva.
La fiscalía, después de revisar toda la documentación y recibir las declaraciones de los testigos, señala que existe un daño económico al Estado que llega a Bs 335 millones.
La Fiscalía sustenta la acusación formal con 11 pruebas testificales, 73 documentales, requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas, y además ofreció una prueba pericial de auditoría forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para cuantificar el total de daño económico generado al Estado.
El exministro de Hidrocarburos y el el expresidente de la estatal petrolera fueron declarados en rebeldía por el Ministerio Público y son buscados por la Policía.
En tanto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, adelantó que la estatal petrolera pedirá la reparación del daño económico.
“Una vez que seamos notificados sobre este proceso, dentro del plazo de 10 días, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías como parte querellante presentará la respectiva acusación particular conforme lo establecen los artículos 340 y 341 del Código de Procedimiento Penal, para participar en el juicio oral público, donde pediremos sentencia condenatoria y la pena máxima y, lógicamente, la reparación del grave daño económico ocasionado a la Planta de Amoniaco y Urea”, manifestó la autoridad.
Los seis exfuncionarios fueron acusados por los delitos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 154 y 224 del Código Penal, por lo que se está solicitando la pena máxima para los acusados, consistente en la privación de libertad de ocho años más el incremento que se determine por agravantes.