El abogado autonomista Esteban Ortuño cuestionó la posibilidad de que se designe a los magistrados de altas autoridades judiciales mediante decreto o ley, señalando que este mecanismo vulnera la Constitución y abre la puerta a una intervención indebida del Ejecutivo o Legislativo sobre el Órgano Judicial.
La normativa establece que la elección debe seguir estrictamente el procedimiento constitucional, sin interpretaciones discrecionales.
“La ley es imperativa, no una sugerencia”, se remarcó, Ortuño advirtiendo que cualquier intento de designación fuera del marco constitucional sería frenado con acciones de inconstitucionalidad.
Recordó que los antecedentes de designaciones por Asamblea Legislativa corresponden a un régimen anterior, y que hoy la Constitución vigente obliga a respetar el procedimiento establecido.