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𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗔𝗡𝗛: 𝗘𝗹 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻í𝗮 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗷𝗼 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝘂𝘀𝘁𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮í𝘀𝗲𝘀 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗼𝘀

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El director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez Terán, calificó este domingo como exitoso el Plan Soberanía que lucha contra el contrabando de combustibles hacia países limítrofes porque logró un ahorro de Bs 1,5 millones en la subvención de combustible.

“A partir del Plan Soberanía hemos ahorrado en subvención para el Estado 1,5 millones de bolivianos, se ha reducido la comercialización en estas 10 estaciones de servicio específicamente que estamos llevando delante, de las 34 que tenemos, 2,5 millones de litros de combustible, imagínate la reducción de cantidad de combustible que hemos generado”, señaló al programa Las 7 en el 7. La verdad de los Hechos, que se emite por Bolivia Tv.

Jiménez recordó que en el país el litro de diésel se comercializa a Bs 3,72 y el litro de gasolina especial a Bs 3,74; sin embargo, en los países vecinos como Brasil el litro de combustible se vende entre Bs 11 y 12; Argentina comercializa por encima de un dólar; Chile arriba de los Bs 10; y Perú a $us 1,45 el litro de combustible.

La autoridad gubernamental recordó que por instrucción del presidente Luis Arce se puso en marcha el Plan Soberanía con el objetivo de luchar contra el contrabando de combustibles hacia países limítrofes, tarea que está a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el Ministerio de Defensa, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas (FFAA).

Los operativos se despliegan en diez estaciones de servicio en los municipios fronterizos de Guayaramerín, Desaguadero y Puerto Suárez como parte de una política de Estado para evitar que el diésel, Gas Licuado de Petróleo y gasolina especial salgan del territorio ilícitamente. Se incautaron cisternas que salieron de la Planta Separadora de Líquidos en Yacuiba, además de Pando.

El contrabando y la reventa de combustibles son un delito penado por la Ley 100, que establece sanciones con privación de libertad de 3 a 6 años y confiscación de los bienes utilizados para la comisión del ilícito.


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