La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha emitido notas a las Comisiones Mixtas: de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para reiniciar y continuar de manera inmediata el proceso de preselección de candidatas y candidatos a los cargos de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta decisión sigue a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual revocó la Resolución 004/2024 del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional N°0191/2024-S2 del 23 de mayo de 2024, revocó en su totalidad la Resolución 004/2024, la cual había anulado previamente el proceso de preselección y elección de autoridades judiciales bajo la Ley N°1549, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Esta sentencia restablece la continuidad del proceso, que había sido suspendido debido a la acción popular presentada ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Como acción inmediata la Presidencia de la ALP ha dispuesto que las Comisiones Mixtas reanuden de manera inmediata las labores de preselección de candidatas y candidatos a los cargos de magistrados.
Asimismo, remarcó que se debe asegurar la participación equitativa de mujeres y representantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos en todos los órganos e instituciones del sistema de justicia. Con el propósito de que se garantice la igualdad, equidad y paridad de género durante todo el proceso de preselección y elección de autoridades judiciales.
Desde la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional se reafirma el compromiso con la justicia inclusiva y equitativa, asegurando que todos los procesos se realicen conforme a los principios constitucionales y legales establecidos. Este esfuerzo refleja la determinación de la Presidencia de la ALP para fortalecer la confianza en las instituciones judiciales y promover un sistema de justicia que represente a todos los sectores de la sociedad boliviana.