La Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) a la cabeza de su presidente Roberto Méndez, envío una carta abierta al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y al comandante nacional de la Policía, Gral. Jhonny Aguilera, para pedir la ejecución de las otras cinco órdenes de aprehensión de los encapuchados que secuestraron y torturaron a cinco trabajadores de la prensa el pasado 28 de octubre.
“El pedido de las aprehensiones tiene la finalidad de desarticular la banda de encapuchados armados que siguen actuando impunemente sin Dios ni ley por esa zona (Las Londras de la provincia Guarayos), porque ya pasaron dos meses y solamente hay uno en la cárcel y que ya intentó recuperar su libertad como es Ever Sixto Canaza, pero le fue negada por el vocal Evert Álvarez, ya que es uno de los principales implicados”, afirmó Méndez.
Cómo es de conocimiento público, hace dos meses un grupo de encapuchados avasalladores de Las Londras con arma de grueso calibre, bajaron de los vehículos de prensa a Silvia Gómez y su camarógrafo Sergio Martínez de Unitel, Percy Suárez de ATB, Mauricio Egüez y su camarógrafo Nicolás García de Red UNO y el fotorreportero Jorge Gutiérrez de El Deber, quienes fueron víctimas de secuestro y torturas durante siete horas.
El titular del ente colegiado, resaltó que este grupo es de alta peligrosidad, “porque no solamente atentaron contra periodistas y balearon sus cámaras provocando lesiones graves a policías, sino que el 25 de noviembre, durante la captura de Canaza, el único detenido, tomaron de rehenes a dos efectivos de la institución verde olivo y volvieron a abrir fuego contra los fiscales provocando destrozos en los vehículos”.
Méndez solicita tanto a Del Castillo como a Aguilera, proceder con las aprehensiones para dar respuestas claras a nivel de Estado, según lo que establece el artículo 172 inciso 16 de la Carta Magna, con la atribución de preservar la seguridad y la defensa del Estado y la Policía boliviana también debe cumplir el mandato constitucional señalado en el articulado 251, en el sentido que su misión específica es la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.